El negocio de privatizar la tierra

eeaEsther Vivas 

Artículo en el libro Cuando los cultivos alimentan coches (Libros en Acción, 2013)

La tierra es fuente de negocio para unos pocos, ya sea aquí o en la otra punta del planeta. En el Estado español, el boom inmobiliario ha dejado un legado de urbanizaciones en ruinas, aeropuertos sin prácticamente aviones, pueblos fantasma, grandes infraestructuras en desuso. En los países del Sur, el afán de beneficio con la tierra expulsa a campesinos, pueblos indígenas e impone monocultivos para la exportación, grandes infraestructuras al servicio del capital o el expolio de sus recursos naturales.

La oligarquía del poder saca tajada y entre bambalinas negocia componendas urbanísticas, firma recalificaicones y transforma el suelo rústico en urbanizable. Los casos de corrupción se multiplican. La cultura del sobre está al orden del día. Se desarrolla, así, un nuevo caciquismo que hace grandes negocios a espaldas, y a costa, de la ciudadanía y del territorio. En otras latitudes, la historia se repite. Los gobiernos corruptos son el mejor aliado para los inversores que quieren adquirir tierras de manera rápida y barata.

Se trata de la fiebre de la tierra. ¿Qué hay de más beneficioso que aquello que necesitamos para vivir y comer? La crisis alimentaria y financiera, que estalló en 2008, dio lugar a un nuevo ciclo de apropiación de tierras a escala global. Gobiernos de países dependientes de la importación de alimentos, con el objetivo de asegurar la producción de comida para su población más allá de sus fronteras, agroindustria e inversionistas (fondos de pensiones, bancos), ávidos de nuevas y rentables inversiones, vienen adquiriendo desde entonces fértiles tierras en países del Sur para especular, adquirir materia prima para agrocombusibles… Una dinámica que amenaza la agricultura campesina y la seguridad alimentaria de estos países.

Se calcula que desde el año 2008, se han adquirido por esta vía alrededor de 56 millones de hectáreas de tierra a escala global, según datos del Banco Mundial, la mayor parte, más de 30 millones, en África, donde la tierra es barata y su propiedad comunal la hace más vulnerable. Otras fuentes, como el Global Land Project, hablan de entre 51 y 63 millones de hectáreas sólo en África, una extensión similar a la de Francia. Se trata de arrendamientos, concesiones o compra de tierras, las formas de transacción pueden ser múltiples y a menudo opacas, en una dinámica que algunos autores han calificado de “nuevo colonialismo” o “colonialismo agrario”, al tratarse de una recolonización indirecta de los recursos africanos.

El Gobierno de Etiopía, uno de los países más afectados por sucesivas hambrunas, ha ofrecido tres millones de hectáreas de tierra cultivable a inversores extranjeros de India, China, Pakistán, Arabia Saudita, entre otros. El negocio no podría ser mejor: 2.500 km2 de tierra virgen productiva a 700 euros al mes, con un contrato a cincuenta años. Este es, por ejemplo, el acuerdo alcanzado entre el gobierno etíope y la empresa india Karuturi Global, una de las 25 mayores agroindustrias mundiales, que dedicará estas tierras al cultivo de aceite de palma, arroz, azúcar de caña, maíz y algodón para la exportación. Las consecuencias: miles de campesinos y pueblos indígenas expulsados de sus territorios, precisamente aquellos que más padecen el hambre y la falta de alimentos, así como vastas extensiones de bosques talados y quemados.

Otros países de África como Mozambique, Ghana, Sudán, Malí, Tanzania, Kenia han arrendado millones de hectáreas de su territorio. En Tanzania, el gobierno de Arabia Saudita ha adquirido 500.000 hectáreas de tierra para producir arroz y trigo para la exportación. En el Congo, un 48% de su territorio agrícola está en manos de inversionistas extranjeros. En Mozambique, más de diez millones de tierras arrendadas.

El Banco Mundial ha sido uno de los principales promotores de este acaparamiento a escala global, desarrollando, junto a otras instituciones internacionales como la FAO, la Agencia para el Comercio y el Desarrollo de Naciones Unidas (UNCTAD) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), los llamados “Principios para una Inversión Agrícola Responsable”. Unas políticas que nada tienen de “inversión campesina” ni son “responsables” y que en cambio legitiman la apropiación de tierras por parte de inversores extranjeros. A través de la International Finance Corporation (IFC), la institución afiliada al Banco Mundial que se ocupa del sector privado, este ha promovido programas para eliminar barreras administrativas, cambiar leyes y regímenes fiscales en países del Sur e incentivar inversiones.

A pesar de las pomposas palabras y nomenclaturas utilizadas por dichas instituciones, la dinámica de adquisición de tierras que promueven tiene un impacto social y ecológico muy negativo, como señaló la conferencia académica Global Land Grabbing, en abril de 2011. Más de un centenar de estudios de casos documentados mostraban cómo estas inversiones no tenían ningún efecto positivo para las comunidades locales, al contrario generaban desplazamientos y mayor pobreza.

Desde hace años, el movimiento internacional de La Vía Campesina viene denunciando las consecuencias dramáticas que esta oleada masiva de acaparamiento de tierras tiene en las poblaciones de los países del Sur. Si queremos acabar con el hambre en el mundo es fundamental garantizar el acceso universal a la tierra, así como al agua y a las semillas, y prohibir especular y hacer negocio con aquello que nos alimenta y nos da de comer.

A principios del siglo XX, Emiliano Zapata, campesino y referente de la revolución mexicana, exigía: “La tierra para quien la trabaja”. Han pasado más de cien años y dicha consigna, tristemente, continua teniendo plena actualidad.

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