Esther Vivas | Público
“La deuda se paga o se paga”. Nos lo han grabado a sangre y fuego. Una de esas máximas que a fuerza de ser repetidas una y otra vez se convierten en verdades absolutas. Pero, ¿es eso cierto? ¿Y si la deuda hipoteca nuestro futuro? ¿Y si la deuda no la hemos contraído nosotros? Entonces, ¿por qué hay que pagarla?
Anteayer el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro presentaba el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado. Todo, o prácticamente todo, baja. La sanidad encabeza la lista, con un 22,6% de recortes; educación, pierde un 17,4%. Nos quieren enfermos y analfabetos. También disminuyen las prestaciones por desempleo, los fondos destinados a las políticas de igualdad, las subvenciones a la cultura, la cooperación al desarrollo. Y ¿qué sube? De lo prácticamente poquísimo que sube: los intereses de la deuda.
La deuda pública alcanzará en 2013 el 90,5% del PIB, cuando en 2012 cerró en un 70,2%. Sus mayores niveles en un siglo. ¿Por qué? El rescate de la banca, la respuesta. Las aventuras y desmanes del sistema bancario nos han salido caros. Se socializan las pérdidas, mientras que los beneficios continúan siendo privados. Se nos recorta en sanidad, educación, ayudas públicas…, mientras se invierte en salvar, precisamente, a aquellos que nos han conducido a la actual situación de bancarrota.
Salvar a la banca es un pozo sin fondo. Hasta el momento se han invertido ya miles de millones de euros. ¿Sus destinatarios? Bankia, Novagalicia Banco, CatalunyaCaixa, Cajasur, la CAM, UNNIM, Banca Cívica, Banco de Valencia… Y el propio Gobierno reconoce que, muy probablemente, una suma importante de los mismos, 21 mil millones, ya no se recuperará. La factura, al final, la pagamos nosotros. Los beneficios se los quedan ellos, claro.
El gran problema de la deuda privada, muy superior a la pública, ha acabado repercutiendo en las arcas públicas, en la medida en que una parte de la deuda bancaria ha sido asumida por el Estado. Y la crisis de la deuda soberana y el aumento de la deuda pública han servido de excusa perfecta para justificar medidas de ajuste y recortes, mientras que las grandes fortunas y las rentas altas cada vez pagan menos impuestos. Conclusión: se transfiere el coste de la crisis creada por unos pocos al grueso de los ciudadanos. Un negocio redondo.
Llegados aquí volvemos a la pregunta inicial, ¿hay que pagar la deuda? Una deuda que es resultado, principalmente, de salvar a unos bancos que “han vivido por encima de sus posibilidades”. Unos bancos que durante años regalaron crédito fácil a constructoras para edificar pisos que han quedado vacíos, aeropuertos que aún están esperando aviones e infraestructuras en desuso. Bancos que endeudaron a miles de familias aún y a sabiendas que éstas no podrían devolver dichos créditos. ¿Nosotros tenemos que pagar esta deuda? ¿Tenemos que pagar por la avaricia y la codicia de unos pocos? Creo que no.
Las deudas no siempre se pagan. Y así deja constancia la historia. La doctrina de la deuda odiosa, que en derecho internacional se utiliza para exigir el no pago de una deuda tomada por un gobierno y utilizada en contra de su pueblo, se ha esgrimido y aplicado para no pagar deudas contraídas a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI. Incluso Estados Unidos esgrimió dicha doctrina para no hacerse cargo de las deudas adquiridas por el gobierno de Irak, cuando en 2003 este país pasó a estar bajo su administración. Aunque finalmente Estados Unidos renunció al argumento de la deuda odiosa, consciente del precedente que podría sentar. Nota: el alivio de la deuda, de todos modos, se llevó a cabo alegando razones de “sostenibilidad”. Cuando interesa, la deuda no se asume y se perdona.
Si no debemos, no pagamos. Y es por lo tanto imprescindible auditar las deudas para saber quién las contrajo, a quiénes han beneficiado, para qué han servido. Así lo han hecho gobiernos como el de Ecuador, cuando en el año 2007 pusieron en marcha una comisión para auditar la deuda pública interna y externa y que culminó, en 2008, rechazando pagar parte de la deuda al declararla ilegítima.
Ahora nos toca aquí. La Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda ‘No debemos no pagamos’ indica el camino. Se trata de auditar las deudas contraídas por las administraciones públicas, señalar aquellas que sean ilegítimas, denunciar a sus responsables y exigir el no pago. En definitiva, desmontar el mito de rembolsar la deuda “sí o sí”. Pagar la deuda es pagar la crisis. ¿Por qué tendríamos que hacerlo?
