Una década de movilización contra la deuda externa en el Estado español

Esther Vivas | Anuario de Movimientos Sociales

El movimiento contra la deuda externa ha jugado un papel clave en el desafío al modelo de globalización capitalista y a sus promotores, contribuyendo al fortalecimiento del movimiento altermundialista. Un movimiento antideuda amplio y plural que ha sido capaz de poner en el centro de la agenda política la temática del endeudamiento de los países del Sur y las consecuencias en sus poblaciones y movilizar, en todo el mundo, a miles de personas contra el yugo de la deuda.

En el Estado español, la primera campaña con vocación de masas centrada en la denuncia de la deuda externa de los países del Sur fue la Campaña Deuda Externa, ¿Deuda Eterna? (Campaña DEDE) constituida formalmente en 1998. Esta iniciativa, surgida a partir del llamado internacional de la iglesia católica a favor del perdón de las deudas en motivo de la venida del año jubilar, 2000, marcó el inicio de las movilizaciones contra la deuda en el Estado. Una movilización que en los años siguientes incorporaría a nuevos actores con un amplio repertorio de acciones, discursos, modelos organizativos y demandas y que tendría su máximo apogeo en el 2000 con la organización de innumerables acciones por parte de una gran diversidad de actores sociales. Posteriormente, la aparición del movimiento altermundialista en la escena pública marcaría de lleno la dinámica de trabajo, organizativa e incluso las demandas de las organizaciones antideuda. Pero, después de una década de movilizaciones contra la deuda externa en el Estado español, ¿qué logros han conseguido los movimientos sociales? ¿Qué impacto han tenido en la opinión pública? ¿Y en el propio  movimiento?

Las primeras campañas

En 1998 se constituyó la primera campaña en el Estado español que exigía, como demanda central, la condonación de la deuda externa impagable de los países más pobres. Se trataba de la Campaña DEDE promovida por las organizaciones católicas: Caritas, Confederación de Religiosos, Manos Unidas y Justicia y Paz. Sus demandas se basaban, principalmente, en cuatro puntos: la condonación de la deuda impagable de los países pobres (haciendo hincapié en el perdón); vincular la reducción y conversión de deuda a inversiones en desarrollo humano; que el gobierno español asumiese un papel activo en los foros multilaterales; y que el gobierno practicase una política de tratamiento y condonación transparente, planificada, coherente y plenamente integrada en la Ayuda Oficial al Desarrollo (Campaña DEDE, 2001).

Otra de las organizaciones que, a finales de los años 90, asumió como línea de trabajo propia la cuestión de la deuda fue Intermón Oxfam. A parte de adherirse a la Campaña DEDE y colaborar con ella en la estrategia de presión política al gobierno español, Intermón llevó a cabo un trabajo específico de investigación y elaboración de documentos. Intermón Oxfam planteaba la necesidad de “hacer sostenible la deuda” y la optimización de los instrumentos que permitieran su alivio, así como la vinculación de la reducción de la deuda a la lucha contra la pobreza, entre otros.

A finales de los 90, otras redes, como la Plataforma 0,7 a nivel estatal y la Plataforma por la Abolición de la Deuda Externa (Plataforma ADEU) en Cataluña, impulsaron campañas para exigir la abolición de la deuda. Ambas iniciativas coincidieron a finales de 1999 con la voluntad de impulsar conjuntamente una consulta popular sobre la cuestión deuda en todo el Estado coincidiendo con las elecciones generales que tenían que celebrarse a principios del 2000. A partir de aquí ambas plataformas convocaron un 1r encuentro estatal, en noviembre de 1999 en Madrid, donde se constituyó formalmente la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE) con el objetivo de organizar la consulta social por la abolición de la deuda.

La RCADE exigía la anulación total de la deuda del conjunto de los países empobrecidos de los que era acreedor el gobierno español y de la deuda contraída con las entidades financieras privadas y las instituciones financieras multilaterales. Para la RCADE, la cuestión de la deuda era un problema político y no económico y, por lo tanto, para solucionar el problema de la deuda era completamente necesario promover un cambio de estructuras (RCADE, 2000).

Año 2000: el cenit de la protesta

El año 2000 fue una fecha emblemática para el movimiento contra la deuda externa en el Estado español. Las organizaciones católicas, que participaban en la campaña internacional de Jubileo 2000, tomaron el año jubilar como referente para exigir la condonación de las deudas y la RCADE realizó la consulta por la abolición de la deuda el 12 de marzo del 2000, coincidiendo con las elecciones generales, movilizando en unas semanas a centenares de miles de personas y consiguiendo un millón de votos a favor de la abolición de la deuda de los países del Sur.

En este período, la Campaña DEDE llevó a cabo una intensa actividad de sensibilización y de presión política institucional. La acción más importante fue una recogida de firmas donde se pedía al gobierno y al Congreso la condonación de la deuda pública de los países más empobrecidos, vinculándola a inversiones en desarrollo humano; la asunción de un papel más activo en los foros multilaterales; y la práctica de una política transparente en materia de deuda. Aunque la legislación española no permitía organizar una Iniciativa Legislativa Popular en materia de deuda externa, los coordinadores de la campaña siguieron adelante al considerar que la propuesta permitía sensibilizar, movilizar y presionar políticamente. La iniciativa recogió en todo el Estado español un millón de firmas, a partir, principalmente, de una importante implicación de la iglesia católica y de los grupos de base cristianos.

La RCADE tuvo su momento álgido el 12 de marzo del 2000, fecha en la que se celebró la consulta social. Los meses anteriores marcaron una línea ascendiente de extensión de la iniciativa, especialmente a partir de la prohibición, por parte de la Junta Electoral Central (JEC), de la organización de la misma en las inmediaciones de los colegios electorales, al considerar que ésta interfería en el funcionamiento de las elecciones. A pesar de la prohibición, la RCADE mantuvo la fecha para la celebración de la consulta, pero ese mismo día la iniciativa fue sistemáticamente perseguida y prohibida en gran parte del Estado. En la mayoría de las localidades, las mesas de votación no llegaron a ponerse o fueron quitadas a petición de la policía, a primera hora de la mañana, sin apenas haber recogido votos. La excepción fue Cataluña, el lugar con más grupos y localidades participantes. De los 215 municipios catalanes donde se instalaron mesas de votación, 188 recogieron resultados y sólo en 27 localidades las mesas fueron levantadas.

Debido a su prohibición, el fin de semana siguiente, el 19 de marzo, la consulta volvió a repetirse en la mayor parte del Estado, excepto en aquellas localidades, mayoritariamente catalanas, donde ésta se había podido llevar a cabo sin mayores contratiempos en la fecha inicialmente prevista. Un total de 458 municipios y unas 25 mil personas participaron en la iniciativa, que sumó 1.087.792 votos, entre el 97 y el 98% de los cuales a favor de la cancelación de la deuda (XCADE, 2001).

Pero la celebración de la consulta social generó una serie de tensiones con las otras organizaciones que en el Estado español trabajaban la cuestión de la deuda. Intermón Oxfam, por su parte, optó por no pronunciarse sobre la iniciativa y se mantuvo al margen del proceso. En otro sentido, las organizaciones más conservadoras promotoras de la Campaña DEDE y la Conferencia Episcopal optaron por posicionarse públicamente en contra de la consulta, una vez ésta fue prohibida por la JEC. Hasta el punto que el obispado de la diócesis de Canarias llegó a prohibir la iniciativa en esta comunidad autónoma. Por el contrario, Justicia y Paz, otra de las organizaciones promotoras de la Campaña DEDE, optó por mantener su apoyo a la iniciativa. Del mismo modo, la mayor parte de los grupos cristianos de base hicieron caso omiso a los comunicados oficiales de la iglesia y participaron en ella.

Con el paso del tiempo y una vez celebrada la consulta, los miembros de la comisión de presión política de la RCADE establecieron contacto con los técnicos de la Campaña DEDE e Intermón Oxfam con el objetivo de conseguir información acerca de la política gubernamental en materia de deuda. Esta colaboración, que se fue intensificando con el tiempo, permitió mejorar las relaciones entre las organizaciones.

A nivel internacional

Las movilizaciones contra la deuda externa del 2000 se enmarcaron en un clima internacional de protesta contra el endeudamiento de los países del Sur y con el auge del movimiento altermundialista. En este contexto, las campañas estatales establecieron una serie de vínculos con grupos y corrientes internacionales afines.

La Campaña DEDE se constituyó inspirándose en la campaña británica de Jubileo 2000, quien jugó un papel central en el lanzamiento del movimiento a nivel global, y utilizó sus publicaciones, sus análisis y su repertorio de acciones. Jubileo 2000 representaba a los sectores más moderados del movimiento, quienes aceptaban reducciones parciales de la deuda supeditadas a condicionamientos establecidos por los acreedores, instaban a la reforma del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y consideraban que la cancelación sólo tenía que incluir a los países pobres más endeudados. Por el contrario, Jubileo Sur y el CADTM representaban a los sectores más radicales, quienes condenaban las condicionalidades de los Programa de Ajuste Estructural, exigían una total cancelación de la deuda y reivindicaban una deuda social, ecológica e histórica del Norte respecto al Sur.

Por su parte, la RCADE, en un primer momento, estableció relaciones por igual con organizaciones internacionales como Jubileo Sur, Jubileo 2000 y el CADTM. A pesar de que existían importantes diferencias políticas y estratégicas entre unas y otras. La RCADE siempre quiso mantenerse al margen de las tensiones entre ellas y participó indistintamente en encuentros convocados por unos y otros. A partir de finales del 2001 y en adelante, en la medida en que Jubileo 2000 perdió peso y se identificaron con mayor claridad los objetivos y las demandas de los distintos actores, la RCADE aumento los vínculos y las relaciones con el CADTM y Jubileo Sur, con quienes compartía un mismo análisis de las causas y las consecuencias del endeudamiento externo así como de las iniciativas para acabar con él.

Más allá del 2000

La Campaña DEDE puso el punto y final a su trayectoria, tal y como estaba previsto, entre finales del 2000 y principios/mediados del 2001. La RCADE siguió adelante con su trabajo de denuncia, aunque su capacidad de movilización e impacto fue mucho menor. En este contexto, más sectores de la RCADE vieron la importancia de vincularse activamente a las dinámicas de trabajo unitarias y a las campañas altermundialistas. Así, en el 2002, los actores más activos de la RCADE se sumaron a la campaña Contra la Europa del Capital y la Guerra, en motivo de la presidencia española de la Unión Europea; y en el 2003 participaron en el seno del movimiento contra la guerra. En la misma línea, algunas campañas locales de la RCADE se reconvirtieron en plataformas altermundialistas, evidenciando este cambio de tendencia influidos por el marco más global de la movilización. Pero en este período, a pesar de perder eco social y mediático, la RCADE continúo siendo un referente para personas y organizaciones que trabajaban la cuestión de la deuda.

El cambio de coyuntura del año 2004, con el resultado de las elecciones generales del 14 de marzo que dieron la victoria al PSOE por mayoría simple y sus declaraciones acerca de posibles cancelaciones de deuda, llevaron a la RCADE a plantear formalmente la organización de una campaña centrada exclusivamente en la cuestión de la deuda para el 2005. Una iniciativa que permitiera colocar de nuevo en la agenda política el tema del endeudamiento de los países del Sur y profundizar en el discurso y las demandas acerca de la abolición de la deuda.

La propuesta consistía en lanzar una campaña amplia, que fuera más allá de la RCADE, y que contará con una estrategia de sensibilización, presión política institucional y acción en la calle. Así se constituyó la campaña ¿Quién debe a quién? (QDQ), impulsada, mayoritariamente, por grupos de la RCADE, el Observatorio de la Deuda en la Globalización y algunas ONG de desarrollo. La iniciativa se lanzó formalmente en distintas ciudades del Estado entre el mes de mayo y junio del año 2005.

Una Ley reguladora de la deuda externa

El 8 de marzo del 2005, el pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la toma en consideración de una Proposición de Ley reguladora del tratamiento de la deuda externa, presentada por el grupo parlamentario de Convergencia i Unió. A partir de entonces empezó una larga trayectoria de tramites parlamentarios hasta la aprobación final de la Ley.

En este período, y aprovechando la apertura de oportunidades políticas con la entrada en el gobierno del PSOE y el debate parlamentario sobre la Ley de la deuda, aparecieron nuevas campañas promovidas por quienes en su momento habían impulsado iniciativas específicas como los promotores de la Campaña DEDE o Intermón Oxfam. Este fue el caso de la campaña Sin duda, sin deuda, lanzada en noviembre del 2005 por parte de las ONG católicas que anteriormente habían promovido la Campaña DEDE con la incorporación de la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), y la campaña Corta con la deuda de Intermón Oxfam presentada en febrero del 2006.

Es importante señalar, en el año 2005, la creación de la Alianza Española contra la Pobreza, a partir de la campaña Pobreza Cero promovida por la CONGDE. Su objetivo era presionar al gobierno español para acabar con la pobreza alcanzando los compromisos establecidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y que trabajó también la cuestión de la deuda.

En abril del 2005, la campaña QDQ aprobó, en el encuentro estatal de Palencia, entrar a formar parte de la Alianza Española contra la Pobreza con el objetivo de conseguir una mayor coordinación con ONG, ampliar el ámbito de difusión de su mensaje, llegar a nuevos sectores sociales y conseguir una mayor incidencia política y mediática. Desde entonces, el discurso de la Alianza en materia de deuda fue el de la campaña QDQ y así se visualizó en los distintos comunicados de prensa firmados como Alianza en los que se incorporaba algún aspecto de deuda o en los encuentros con representantes institucionales.

A partir de septiembre del 2006, a propuesta de Sin duda, sin deuda, se empezó un trabajo conjunto de presión política entre las campañas antideuda estatales para lo que quedaba de recorrido de la Ley en el Senado y en el Congreso con el objetivo de conseguir una mayor incidencia política. Este trabajo consistió, en priorizar algunas demandas y nunca en rebajar las propuestas planteadas desde QDQ. Sin duda, sin deuda, Corta con la deuda y ¿Quién debe a quién? colaboraron en el intercambio de información, en la organización de reuniones conjuntas con responsables políticos y puntualmente en el envío de comunicados de prensa. Esta dinámica convergente generó la aparición de diferencias en el seno de la campaña QDQ acerca de la conveniencia o no de trabajar dentro de la Alianza y la colaboración con las otras campañas antideuda. Según los miembros de ¿Quién debe a quién?, una de las principales dificultades fue el debate acerca de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con los que QDQ discrepaba por considerarlos totalmente insuficientes y porque no iban a la raíz de los problemas.

Finalmente, el 23 de noviembre del 2006, y después de más de un año y medio de trámite parlamentario, se aprobó en el Congreso de los Diputados el texto definitivo de la Ley reguladora de la gestión de la deuda externa. Desde la campaña ¿Quién debe a quién? se valoró que la nueva Ley, a pesar de incorporar algunas de las demandas realizadas como una mayor transparencia en la gestión de la deuda vía parlamentaria, acceso a la sociedad civil de dicha información, desvinculación de la compra de bienes y servicios españoles en las conversiones de deuda, compromiso de cancelación de la deuda de los Países Pobres Altamente Endeudados, tenía importantes lagunas. En primer lugar, no consideraba ninguna responsabilidad del gobierno español acerca del origen del endeudamiento. En segundo lugar, aunque la Ley comprometía al gobierno a presentar un Proyecto de Ley para regular el FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo) y otro para CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación) antes de finalizar la legislatura, no se contemplaban los contenidos básicos de estas normativas con lo cual no se preveía la regulación de estos mecanismos. En tercer lugar, la Ley no recogía la creación de una Comisión Parlamentaria Permanente sobre la deuda que permitiera establecer responsabilidades sobre la concesión de créditos ilegítimos. En cuarto lugar, la Ley continuaba contabilizando las operaciones de deuda como Ayuda Oficial al Desarrollo (¿Quién debe a quién?, 2006c)[2].

Desde la campaña Sin duda, sin deuda se realizó un balance agridulce de la aprobación de la Ley. Según palabras de sus promotores: “Aunque valoramos el esfuerzo hecho por consensuar una Ley que regularice las operaciones de gestión de la deuda externa (…) es cicatera en la prevista condonación de deuda, centrándose en la conversión de deuda como principal instrumento para su gestión” (Sin duda, sin deuda, 2007:131). Intermón Oxfam realizaba un balance más bien positivo de la Ley al considerar que ésta incluía avances importantes y abría una nueva etapa en la gestión de la deuda en el Estado español, aunque  constataba que algunas de las demandas realizadas no habían sido recogidas (Intermón Oxfam, 2006).

Posteriormente a la aprobación de la Ley, la campaña Sin duda, sin deuda puso fin a su trayectoria, del mismo modo que la iniciativa lanzada por Oxfam Internacional de Corta con la deuda. ¿Quién debe a quién? continuó con un trabajo de sensibilización y de presión política institucional, a través de ciberacciones y comunicados de prensa, para que se hiciera efectivo el cumplimiento de la nueva Ley.

A modo de conclusión

Después de una década de movilizaciones contra la deuda en el Estado español es importante analizar qué impacto ha tenido el movimiento tanto en el ámbito externo como interno, cuáles han sido los logros conseguidos a nivel institucional, qué alianzas se han establecido y qué dinámicas de trabajo se han generado con otros movimientos sociales.

En el ámbito externo al movimiento se han conseguido avances, especialmente, en el terreno de lo simbólico y en la percepción que la sociedad tiene de la problemática del endeudamiento. Las distintas campañas han permitido difundir las causas y las consecuencias que el pago de la deuda externa tiene para los pueblos del Sur y se ha vinculado el concepto de deuda externa al de pobreza y subdesarrollo. En el transcurso de estos años, las campañas han dejado claro la necesidad de condonar, cancelar o abolir la deuda para permitir el desarrollo de los países del Sur, a la vez que han puesto de relieve la responsabilidad de las instituciones internacionales (BM, FMI, G8…) en la generación de esta deuda y la reivindicación de una deuda social, ecológica e histórica del Norte respecto al Sur. Los medios de comunicación han contribuido a la difusión de estos mensajes a través de noticias, entrevistas y reportajes realizados, especialmente en el período 1999 y 2000, en el momento de máximo apogeo de las campañas y de las actividades relacionadas con la celebración del año jubilar.

En lo que respecta al ámbito institucional, a pesar de que las administraciones locales y regionales así como el gobierno español, bajo el mandato del PSOE, han recogido formalmente la demanda de acabar con la deuda externa como medida para poner fin a la pobreza, como queda reflejado en documentos y pronunciamientos públicos, en lo que se refiere a la toma de medidas concretas los resultados han sido muy escasos. En el período 2000-2004, con el gobierno en mayoría absoluta del Partido Popular, conseguir avances en materia de deuda fue prácticamente imposible, a pesar de ser uno de los períodos más importantes en lo que respecta a la movilización social. A partir del año 2004, con la victoria del PSOE en las urnas, los movimientos antideuda consideraron que se daba una apertura de las oportunidades políticas e impulsaron una nueva campaña para poner la cuestión de la deuda, de nuevo, encima de la mesa.

A pesar de las expectativas y de las declaraciones de buenas intenciones, el PSOE, junto con el PP, fueron los partidos que pusieron más trabas en los trámites parlamentarios para aprobar una Ley reguladora del tratamiento de la deuda externa que recogiera las demandas de los movimientos sociales. El PSOE fue el partido que tramitó más enmiendas a la Proposición de Ley, con el objetivo de rebajar las demandas que contenía por parte de las campañas antideuda. Aún así, la aprobación de esta Ley, en noviembre del 2006, significó un paso adelante al conseguir ciertos avances, impensables en el período anterior, como una mayor transparencia en la gestión de la deuda vía parlamentaria, acceso a la sociedad civil a dicha información, desvinculación de la compra de bienes y servicios españoles en las conversiones de deuda… aunque la Ley contenía importantes lagunas y se quedaba muy por debajo de las demandas realizadas por las campañas.

En relación con otros movimientos sociales, debemos de señalar como éstos han ido incorporando como propia la demanda de cancelación de la deuda externa. Así colectivos de mujeres, ecologistas, inmigrantes, organizaciones de cooperación internacional… han asumido como propia, en su repertorio de reivindicaciones, la necesidad de cancelar las deudas de los países del Sur. Un resultado que es fruto de la participación de los actores antideuda en campañas unitarias contra la globalización neoliberal, la guerra… y otras de sectoriales contra las inversiones de las multinacionales españolas en los países del Sur, de denuncia de los agrocombustibles, a favor de la soberanía alimentaria, por los derechos de las mujeres, etc.

En el ámbito interno cabe destacar la evolución del movimiento antideuda en el Estado español en el transcurso de estos diez años. Así, podemos considerar que tras un primer e intenso período de movilización centrado en la cuestión de la deuda, del año 1998 al 2001, con campañas que incluían a un amplio espectro de organizaciones y que alternaban iniciativas de lobby con la acción en la calle, teniendo una importante visibilidad mediática e impacto político y social, como fue la Campaña DEDE o la consulta social por la abolición de la deuda externa, se pasó a un cierto período de repliegue, del año 2002 al 2005. Una etapa en la cual las ONG católicas, que en un primer momento habían participado activamente en la campaña internacional de Jubileo 2000, así como Intermón Oxfam, que también había llevado a cabo distintas acciones en relación al tema, aparcaron su trabajo en este ámbito. Mientras que los sectores más activistas vinculados a la RCADE se integraron en el seno del movimiento altermundialista, aunque siguieron trabajando la cuestión de la deuda en organizaciones más especializadas, como el Observatorio de la Deuda en la Globalización, o llevando a cabo acciones puntuales. En este sentido, hay que señalar la importancia del trabajo de los miembros de la RCADE en el seno del movimiento contra la globalización neoliberal al permitir la vinculación del movimiento antideuda al altermundialista.

Pero no fue hasta el año 2005 y 2006, que la temática de la deuda retomó protagonismo público, aunque no con la misma intensidad que en el período inicial 1998-2001. Tras la victoria del PSOE en las elecciones de marzo del 2004, sectores vinculados a la RCADE decidieron relanzar para el año 2005 una campaña contra la deuda externa al considerar que el resultado de la contienda electoral abría un nuevo escenario de oportunidades políticas. Así fue como se presentó la campaña ¿Quién debe a quién? que sumó en una misma plataforma tanto a personas y colectivos vinculados a la RCADE como a sectores más moderados que provenían del ámbito de las ONG y de la cooperación internacional. Una campaña que arrastró a estos últimos a unas demandas más radicales y de máximos y que diluyó a la RCADE en el seno de QDQ. De este modo, organizaciones que en el período anterior habían centrado sus demandas en la condonación de la deuda empezaron a asumir como propias las reivindicaciones de deuda ecológica, social e histórica del Norte respecto al Sur y la definición de la deuda externa como una deuda ilegal e ilegítima. También en este período se llevó a cabo la tramitación parlamentaria de una Ley reguladora de la deuda externa, que aumentó la atención política y mediática sobre el tema, a la vez que las organizaciones católicas que en su momento promovieron la Campaña DEDE relanzaron, en esta coyuntura, una nueva campaña bajo el nombre Sin duda, sin deuda, manteniendo una misma línea de trabajo, de demandas y de objetivos que en la campaña anterior; e igual estrategia siguió Intermón Oxfam, quien lanzó la campaña Corta con la deuda.

Podemos concluir que en el transcurso de estos diez años, el movimiento contra la deuda en el Estado español, con toda su diversidad de objetivos, demandas, estrategias y repertorio de acciones, ha sido capaz de situar en la agenda política la cuestión del endeudamiento de los países del Sur y forzar al gobierno español a una aprobación de una Ley de la deuda que, a pesar de sus limitaciones, significa un paso adelante sobretodo en materia de transparencia informativa. Del mismo modo, la complejidad del endeudamiento externo a nivel económico y financiero no ha sido una traba insalvable para acercar esta problemática a sectores más amplios de la sociedad a través de campañas de sensibilización y a través de los medios de comunicación. Finalmente, señalar como algunos de los actores antideuda se han vinculado activamente al movimiento altermundialista y a otras organizaciones sectoriales, permitiendo que éstas asumieran como propias las demandas y análisis sobre la deuda externa, a la vez que los actores antideuda han incorporado a su discurso y planteamientos nuevos enfoques ecológicos, feministas, anticorporativos… en una dinámica de contaminación mutua.

Bibliografía

Campaña DEDE (2001) Informe final, Madrid, Campaña DEDE.

Intermón Oxfam (2006) “Intermón Oxfam valora positivamente la Ley de Deuda Externa y el consenso alcanzado por los partidos políticos”, 23/11/06, comunicado de prensa.

¿Quién debe a quién? (2006) “Ley de Deuda Externa: insuficiente”, 23/11/06, comunicado de prensa.

RCADE (2000) Documento técnico de presión política institucional, Barcelona, RCADE.

Sin duda, sin deuda (2007) Crónica de una campaña, Madrid, Sin duda, sin deuda.

XCADE (2001) La Consulta Social del Deute Extern a Catalunya, Barcelona, Editorial Mediterrània.


[1] Es autora de En pie contra la deuda externa (Barcelona: El viejo topo, 2008), investigadora en el IGOP-UAB y miembro del CEMS-UPF.

[2] Para consultar íntegramente el texto de la Ley y el conjunto de los trámites parlamentarios seguidos hasta su aprobación final ver: http://www.odg.cat/es/inicio/enprofunditat/plantilla_1.php?identif=454 (última consulta 30/12/07).


*Artículo publicado en “Una década de movilización contra la deuda externa en el Estado español” en Grau, E. e Ibarra, P. La red en la ciudad. Anuario de movimientos sociales 2008, Barcelona, Icaria editorial, 244-252, 2008.

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