Esther Vivas | El Periódico
Hace unos meses en un acto de presentación de mi libro ‘Mamá desobediente. Una mirada feminista a la maternidad’ decidí hacer un ‘experimento’. Pedí a todas las mujeres presentes en la sala que levantaran la mano en caso de haber tenido un parto por cesárea o instrumental, haber sufrido una episiotomía o haber sido separadas de su bebé nada más nacer. Casi todas alzaron el brazo. Lamayoría de esas mujeres sufrieron violencia de género.
Así lo constata ahora la relatora especial sobre la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas Dubravka Šimonović en el informe que analiza, desde el punto de vista de los derechos humanos, la atención al parto que reciben las embarazadas en los centros sanitarios. El informe deja constancia, en sus palabras, del “maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva”. Un documento que implica el reconocimiento de la violencia que han sufrido tantas mujeres, a quienes a pesar del dolor y el miedo vivido se les dijo que no podían quejarse porque parir era esto, y aún suerte que tenían un bebé entre los brazos.
Como señala el texto, realizar una cesárea o una episiotomía sin necesidad o sin informar debidamente ni obtener el consentimiento correspondiente es una práctica constitutiva de violencia. En el Estado español, un 25% de los nacimientos se producen mediante cesárea y a un 42% de las parturientas se les práctica una episiotomía, cuando las instituciones de salud consideran que una cifra razonable de cesáreas y episiotomías no debería superar un 10% y un 15% respectivamente. Lo que estas cifras indican es que hay unnúmero significativo de mujeres que sufren estas prácticas, las cuales pueden dejar secuelas físicas y psíquicas, sin necesidad, y esto es violencia.
Otro aspecto relevante del informe es que tipifica esta violencia de ‘violencia obstétrica’, un término rechazado por la mayoría de los profesionales de la salud al considerarla una palabra que pone en cuestión su labor. Sin embargo este concepto no debería ser interpretado como una amenaza sino como una señal de alarma hacia prácticas que se están realizando y que atentan contra la salud de mujeres y bebés y una oportunidad para erradicarlas. De hecho, una alianza entre profesionales sanitarios y organizaciones de mujeres es tan imprescindible como prioritaria.
Un parto más respetado
De un tiempo hacia aquí han sido significativos los cambios que se han realizado en el sistema público de salud y en algunos hospitales para avanzar hacia un parto más respetado. Lo vemos en la disminución del número de episiotomías, que era de un 86% sobre el total de partos en 1999, la mejora de las infraestructuras para dar a luz, el cambio de protocolos para permitir que la mujer esté acompañada si se le realiza una cesárea o en Catalunya la apertura de una casa de partos pública para dar cabida a otras opciones de parto, entre otras medidas. Aunque hay que señalar que estos cambios han sido fruto de la labor tenaz de organizaciones de mujeres, como El Parto es Nuestro en España o Dona Llum en Catalunya, que trabajan desde hace años en la denuncia de estas prácticas y la defensa de un parto respetado. Aun así todavía queda mucho trabajo por hacer. Y a menudo la atención al parto no depende únicamente de la infraestructura o los protocolos del hospital sino de la formación y la sensibilidad del personal que lo atiende en ese momento. La violencia obstétrica sigue siendo una realidad a erradicar.
Ponerle fin pasa también por cambiar la mirada de los profesionales de la salud sobre la mujer embarazada. Como señala la relatora de las Naciones Unidas en su informe, “la dinámica del poder en la relación entre el centro de salud y los pacientes es otra causa de maltrato y violencia que se ve agravada por los estereotipos de género sobre el papel de la mujer”. Necesitamos una formación en la atención sanitaria al embarazo y al parto en clave de género, donde la mujer sea considerada un sujeto activo con capacidad de decisión y no una mera paciente. Asimismo, las mujeres racializadas y con menos recursos económicos son más propensas, como indica el documento, a sufrir violencia obstétrica, al darse una clara discriminación interseccional.
La lectura del informe de la relatora de las Naciones Unidas debería ser obligatoria para todos los profesionales que se dedican a la atención al parto. Ser conscientes de que la violencia obstétrica existe, reconocerla y darle nombre es el primer paso para acabar con ella.
