Esther Vivas | El Periódico
La emergencia sanitaria por coronavirus e incluso dar positivo por covid-19 no es motivo para que te induzcan el parto, dar a luz sin acompañante, que te separen de tu bebé nada más nacer o que te impidan darle el pecho. Sin embargo, son varias las mujeres que estas últimas semanas han relatado experiencias de parto donde estos derechos han sido vulnerados. Ni el estado de alarma ni la pandemia por coronavirus pueden justificar prácticas constitutivas de violencia obstétrica, una forma más de violencia de género.
La Organización Mundial de la Salud lo ha dejado claro en un comunicado, todas las mujeres, incluso aquellas que tienen covid-19, tienen derecho a estar acompañadas por una persona de su elección durante el parto, a tener en brazos a su bebé tras parir y a amamantarlo si así lo desean. En caso de que la madre haya dado positivo por coronavirus, esta debe usar mascarilla y lavarse las manos antes y después de tocar a la criatura. Entonces, ¿por qué no se respetan estas directrices?
Pues porque el parto, tanto a nivel social como sanitario, es considerado una patología, un proceso que puede ser peligroso, donde las mujeres no tenemos capacidad de decisión, y en consecuencia debemos delegar en los expertos. Las mujeres acabamos por desconfiar de nuestro cuerpo y sus capacidades, pensamos que no sabemos parir, y asumimos como inevitable el ritual medicalizado, con la consiguiente supeditación y pérdida de autonomía. Así se ha construido en las sociedades modernas la mirada hegemónica sobre el embarazo y el parto.
El miedo a lo que pueda suceder es uno de los principales pilares sobre el que se erige este discurso. Un miedo que no atañe solo a la mujer embarazada sino que comparte una parte significativa de los profesionales de la salud, y que se agudiza en un contexto de emergencia sanitaria y estado de alarma como el actual. Y es esto precisamente lo que explica el aumento de las intervenciones en la atención hospitalaria al parto, como inducciones, cesáreas, partos instrumentales, prohibición de parir acompañada, separación de madre y bebé, que relatan estos días varias mujeres. Unas prácticas que al realizarse de manera no justificada, sin dar información adecuada, a veces sin consentimiento, infligen un daño físico y emocional en las parturientas.
El problema no es el coronavirus en sí sino la mirada al parto que tenemos. El estado de alarma no hace sino intensificar unas prácticas que ya existían. De hecho, en España, casi uno de cada cuatro nacimientos, un 25% del total, se produce mediante cesárea, mientras que la OMS considera que una cifra justificable no debería superar el 10% o el 15%. El número de partos instrumentales es también elevado, con uno de los porcentajes más altos de Europa.
En el País Valencià, la conselleria de sanidad intentó hace unos días imponer un protocolo que prohibía a las mujeres, tuviesen o no covid-19, estar acompañadas durante el parto, una decisión que finalmente fue cancelada debido a las críticas de asociaciones de matronas y enfermería. No en vano el País Valenciano es la comunidad autónoma donde se practica un mayor número de cesáreas. De hecho, si vives allí tienes el doble de posibilidades de dar a luz por cesárea que si vives en el País Vasco, ya que en el primer lugar un 30% de los partos se lleva a cabo por cesárea frente al 15% del segundo. No puede ser que nuestro código postal determine el tipo de parto que vamos a tener.
Asimismo, en la medida que el manejo de los protocolos de atención al parto dependen de los hospitales y del personal que los atiende, estos pueden aplicarse de manera arbitraria. De aquí que en una misma comunidad, en este contexto de emergencia sanitaria, algunos hospitales opten por prohibir a las mujeres estar acompañadas durante el parto y otros no. Algo que ha despertado críticas de algunos profesionales de la salud.
En los últimos años, gracias al trabajo que han venido realizando asociaciones en defensa del parto respetado se han conseguido avances importantes en los derechos de las mujeres a la hora de dar a luz. La OMS se ha pronunciado también de manera contudente para erradicar la violencia obstétrica. Y cada vez más profesionales sanitarios, a pesar de ser reacios al uso de este término, aceptan que estas prácticas existen y que es necesario acabar con ellas. La situación de emergencia sanitaria por coronavirus no puede significar una involución en todos estos derechos y avances hasta ahora logrados.
